En 2025, México ha dado un giro histórico a la forma en que se designan jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, con la entrada en vigor de una reforma que establece su elección por voto popular. Este cambio, impulsado por el Ejecutivo y aprobado por el Congreso, ha sido presentado como un paso hacia la democratización del sistema judicial, pero también ha generado amplio debate entre juristas, académicos y organismos internacionales.
¿En qué consiste la reforma?
A grandes rasgos, la reforma contempla:
- Elección directa por voto popular de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados de circuito y jueces de distrito.
- Reducción de 11 a 9 ministros en la SCJN.
- Eliminación de las Salas; las decisiones se toman solo en Pleno.
- Creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar faltas graves de los miembros del Poder Judicial.
- Límites a la duración en el cargo y prohibición de reelección.
Los primeros comicios judiciales se celebraron en junio de 2025 en Baja California, como parte de un ejercicio piloto.
Argumentos a favor
Quienes respaldan esta reforma consideran que:
- Acerca al Poder Judicial al pueblo, rompiendo con una estructura tradicionalmente cerrada y elitista.
- Reduce el riesgo de cooptación interna, al eliminar la designación por cúpulas o ternas del Ejecutivo.
- Establece mecanismos de control social y rendición de cuentas, donde el juez no solo responde a la ley, sino también a su comunidad.
- Permite depurar el sistema judicial de operadores con historial de corrupción o falta de sensibilidad social.
Riesgos y críticas
Diversas voces, incluyendo ministros en funciones, barras de abogados, ONGs y organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han manifestado serias preocupaciones:
- Pérdida de independencia judicial: someter a jueces al juicio electoral puede hacerlos vulnerables a presiones políticas o de grupos de poder local.
- Populismo judicial: el riesgo de que jueces tomen decisiones con criterios populares y no jurídicos, para garantizar su reelección o aceptación pública.
- Politización de la justicia: la elección abierta puede abrir la puerta a campañas financiadas por actores políticos o económicos, generando conflictos de interés.
- Desconocimiento del votante promedio: elegir a jueces requiere evaluar perfiles técnicos complejos, lo cual podría trivializar el proceso.
El debate continúa
Aunque la reforma ya está vigente, su implementación completa requerirá ajustes normativos, organizativos y presupuestarios. Además, no está exenta de impugnaciones constitucionales y de escrutinio nacional e internacional.
El verdadero reto estará en equilibrar la participación ciudadana en la justicia con la necesidad de preservar su autonomía técnica y legal. ¿Puede un juez ser imparcial si necesita ganar votos? ¿Qué criterios utilizará el electorado para elegirlos? ¿Qué rol jugarán los partidos, los medios y las redes sociales en esta nueva dinámica?
Conclusión
La elección popular de jueces en México representa un parteaguas en el diseño institucional del país. Si bien busca democratizar un poder históricamente hermético, también podría abrir la puerta a nuevas formas de influencia indebida. Su éxito o fracaso dependerá, en gran medida, de cómo se reglamente, supervise y evalúe su aplicación.
En este contexto, la participación informada de la ciudadanía y la vigilancia activa de los actores jurídicos y sociales será clave para que esta reforma cumpla con su promesa de justicia para todos… y no de justicia electoral.