La publicación del decreto del 27 de marzo de 2026 que reforma el Reglamento de la LFPIORPI confirma que el cumplimiento en materia de actividades vulnerables en México entró en una etapa mucho más exigente. Más que un ajuste técnico, este cambio debe leerse junto con la reforma legal de julio de 2025 y con los criterios orientativos del SAT: en conjunto, muestran un modelo regulatorio más estructurado, más documentado y con mayores herramientas de supervisión.
Para las empresas, el mensaje es claro: el cumplimiento ya no puede reducirse a identificar clientes y presentar avisos cuando corresponde. El nuevo entorno exige expedientes consistentes, análisis de riesgo, documentación soporte, capacitación y capacidad real de responder a requerimientos o verificaciones. El decreto fortalece expresamente las facultades de la UIF y del SAT para requerir información, revisar cumplimiento e imponer sanciones administrativas.
Además, el reglamento incorpora elementos especialmente relevantes para la operación diaria. Entre ellos, el desarrollo del sistema de Personas Políticamente Expuestas, la posibilidad de consulta a la UIF en ciertos supuestos, la confirmación de que puede presentarse un aviso de 24 horas aun cuando la operación sospechosa no se haya concretado, y una regla que da un peso importante a la información contenida en CFDI y bases de datos para motivar resoluciones del SAT. Todo esto eleva el estándar de trazabilidad y consistencia que las empresas deben
poder demostrar.
También conviene tener presente que no todo quedó plenamente cerrado con el decreto. Los criterios del SAT han confirmado que varias obligaciones introducidas por la reforma de 2025 siguen dependiendo de reglas de carácter general y de la actualización de formatos para su instrumentación completa. Eso no significa que sea momento de esperar; significa que éste es el momento de prepararse.
En la práctica, muchas organizaciones tendrán que revisar si su modelo actual realmente resiste una revisión: alta como sujeto obligado, manuales, matrices de riesgo, capacitación anual, expedientes, beneficiario controlador y procesos de aviso. En este contexto, el valor ya no está sólo en cumplir “en papel”, sino en construir una función de cumplimiento que realmente acompañe la operación del negocio.
Hoy más que nunca, prevenir riesgos regulatorios exige pasar de la reacción a la estructura.
El equipo de WeAdvise se encuentra a su disposición para brindar asesoría especializada para la implementación de las obligaciones descritas en la presente nota y asegurar el cumplimiento oportuno de la normativa aplicable.